Las empresas concesionarias españolas mostraron ayer su preocupación por los efectos que puede tener la aplicación del nuevo Plan General Contable sobre muchos de los proyectos ya en marcha y sobre el futuro de este sector a medio y largo plazo.

Según explicó ayer Pedro Michelena, presidente del Foro PPP Infraestructuras, asociación de empresas para la promoción de la colaboración público-privada en la financiación de grandes infraestructuras, la aplicación del nuevo plan entra en confrontación con la Ley española de Sociedades Anónimas.

Esta asociación criticó ayer la imposibilidad de repartir dividendo a los accionistas hasta que no se hayan compensado totalmente las pérdidas contables, tal y como establece la normativa mercantil española, lo que reducirá el atractivo de estas inversiones, mientras en otros países esto no ocurre.

Y es que, según la nueva normativa europea, las empresas concesionarias estarían obligadas a imputar en los primeros años de vida de la concesión (sea una autopista o un hospital) todos los gastos financieros en los que incurra la compañía.

Hasta ahora se les permitía diferir dichos costes durante todo el periodo de la concesión, lo que les posibilitaba dar beneficios muy poco después de iniciarse esta clase de proyectos, que se caracterizan por ser a muy largo plazo y tener una fecha de finalización concreta. De no cambiarse la legislación comunitaria o la española, no sólo no podrán ofrecer beneficios a sus accionistas hasta al menos seis años después de lo que venían haciéndolo hasta ahora, sino que muchas de las concesiones en vigor, como las autopistas radiales de Madrid que están en pérdidas, entrarían en proceso de disolución.