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Mercantil, civil y administrativo
Título Los tribunales obligan al Gobierno a cumplir la Ley de Costas en dos años
 
 

Una sentencia de la Audiencia Nacional declara nulos los expedientes sobre deslindes cuya tramitación exceda los 24 meses. Tras las elecciones, nadie en Medio Ambiente quiere hacerse cargo de la situación.


“Viv[0xed]amos una tortura. Esta sentencia nos ha dado, ante todo, esperanza”. As[0xed] se manifestaba Carmen del Amo, coordinadora de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (PNALC), tras conocer la sentencia dictada en abril por la Audiencia Nacional anulando el deslinde de la playa de Bellreguard, en Valencia, por haber excedido el plazo de 24 meses otorgados para la tramitación del expediente.


El deslinde es un complicado trámite administrativo por el que la Administración decide los trazados en la l[0xed]nea de costa que separan lo pÚblico de lo privado, en virtud de lo que se considera como dominio pÚblico mar[0xed]timo-terrestre, y que abarca, además del litoral, otros elementos geográficos como dunas o acantilados.


La complejidad de la orograf[0xed]a española y los problemas tácnicos que conlleva la delimitación de un deslinde han originado desde 1988, año en que se puso en vigor la actual Ley de Costas, numerosos contenciosos ante la justicia contra el Estado, y, desde hace unos meses en la formación de la plataforma de afectados.


En 2003, Medio Ambiente inició la expropiación de 747 metros de costa del municipio del Bellreguard, en virtud de un proyecto de deslinde realizado por tácnicos estatales en base a estudios geomorfológicos. En 2006, se aprobó el expediente administrativo, tres años despuás de haberse iniciado la tramitación.


Josá Ortega, abogado y portavoz de la plataforma de afectados, decidió entonces acudir a la justicia, para intentar conseguir la nulidad del deslinde por caducidad del expediente. Finalmente, la Audiencia Nacional le ha dado la razón, y, a partir de ahora, ningÚn expediente podrá tramitarse si sobrepasa los veinticuatro meses que establece la ley. “Hasta ahora los expedientes no caducaban”, asegura Ortega, “y se llegaban a incoar expedientes con más de diez años de antigüedad”.


El abogado, que actualmente lleva nueve casos relacionados con la Ley General de Costas, denuncia casos como el de El Saler, en donde se tardó trece años en aprobar el expediente de deslinde, o el de la calle del Sol Naciente, en Alicante, en el que se tuvo en vilo durante tres años a 800 vecinos, esperando la concesión de 30 años sobre sus viviendas, que se encontraban en zona de dominio pÚblico.


Tras esta decisión judicial, recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, la Administración dispone de 24 meses para llevar a cabo un expediente. En caso contrario, se declarará nulo, aunque podrá reabrirse uno nuevo desde cero.


Un expediente de tramitación consiste en la realización de una serie de procedimientos obligatorios, una vez que los tácnicos ministeriales hayan elaborado el estudio geomorfológico del terreno. En primer lugar, se debe informar pÚblicamente del deslinde, mediante un anuncio en alguna publicación oficial.


Despuás, se realiza el apeo, es decir, la convocatoria de los afectados en un local pÚblico para anunciar el expediente. Por Último, se publican dos informes: uno de alegaciones y otro sobre justificación de la l[0xed]nea de deslinde, que prueben la legalidad del dominio pÚblico.


SegÚn Ortega, aunque esta sentencia ”no resuelve el problema de la aplicación arbitraria de la l[0xed]nea de costas” s[0xed] que  mejora la capacidad de defensa de los afectados, e iguala la ley de costas “al resto de procedimientos del Estado”.


Silencio


En la Administración, por el momento, no ha habido ninguna respuesta oficial. La anterior Dirección General de Costas ha desaparecido tras crearse el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. En su lugar, ha surgido una Secretar[0xed]a General del Mar, comandada por Juan Carlos Mart[0xed]n Fragueiro, de la que dependen tres Direcciones Generales: la de Sostenibilidad, la de Recursos Pesqueros y Agricultura, y la de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, con competencias equivalentes a la de la antigua Costas. Ésta no cuenta todav[0xed]a con ninguna cabeza que lo lidere, aunque en el Ministerio insisten en que el nombramiento es “cuestión de horas”.


Mientras un nÚmero no confirmado de expedientes de deslinde aÚn abiertos permanecen parados, esperando cumplir dos años para ser declarados nulos.

  (Expansión, 01-05-2008)
             
 
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