Desde la entrada en vigor del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar una serie de adaptaciones en el mismo en relación con determinadas obligaciones formales que en él se regulan, afectando especialmente a los deberes de información.

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