Era lógico que la promulgación de la nueva (aunque ya no tanto) Ley de Auditoría de Cuentas (Ley 22/2015, de 20 de julio, LAC) debía concluir con la redacción de un nuevo Reglamento acorde con el contenido de la misma. No obstante, no es menos cierto que ya se produjo, en su momento, la modificación del citado reglamento para adaptarlo al contenido de la LAC pero solo en aquellos aspectos imprescindibles por coherencia legislativa y, de forma destacada, en lo referente a las entidades de interés público.