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El Pleno del Congreso ha avalado este martes la suspensión de los objetivos de déficit y de deuda para este año y el siguiente por la situación de crisis provocada por la pandemia de covid-19, pero lo ha hecho sin PP y Vox, que se han abstenido. Para superar la votación, el Gobierno requería llegar a la mayoría absoluta (176 diputados) lo que ha conseguido al recabar los votos de ERC, Ciudadanos, Junts, PNV y EH-Bildu, además de los de PSOE y Unidas Podemos. También han apoyado esta decisión la CUP, Más País-Equo, Compromís, el BNG, Nueva Canarias, Coalición Canaria, el Partido Regionalista Cántabro y Teruel Existe. Sólo Foro Asturias, socio electoral del PP, ha votado en contra.

Concretamente, la Cámara Baja ha certificado que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifique la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda para legitimar la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La suspensión de las reglas fiscales, aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Estos artículos recogen la posibilidad de exceder los límites de déficit estructural y de deuda en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria «que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado». Eso sí, esas excepciones deben ser «apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados».

El establecimiento del límite de gasto de gasto no financiero del Estado por parte del Gobierno es el paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y acompaña al acuerdo por el que se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores que se remite a las Cortes Generales.  La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera determina en su artículo 11.3 que: «Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o sus sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo».

Siguiendo esta previsión, el acuerdo adoptado por el Gobierno dispone que quedan suspendidos el acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 para su remisión a las Cortes Generales, y se fija el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2020, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes Generales, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2021.